EN REUNION DEL 15 DE MAYO DE 2017 EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SAN LUIS, por unanimidad,  resolvió adherir a todos los términos del DICTAMEN DE FACA  de fecha 12-05-2017. Por tanto se pronuncia de esta manera, en relación con el reciente fallo de la C.S.J.N. sobre la aplicación de la llamada “LEY DEL DOS POR UNO” a condenados por delitos de lesa humanidad:

Ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada en la causa “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro”, que otorga el beneficio del cómputo doble por cada día de detención preventiva al condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña, expresamos nuestro total desacuerdo con el contenido y resultado de dicha resolución, toda vez que el dictado de una sentencia de alto impacto en el cuerpo social de la Nación requiere de un adecuado análisis de las consecuencias que la misma provocará en la República, cuando la defensa de los derechos humanos se ha constituido en un principio protegido por la sociedad en su conjunto. Esa decisión contrasta y se aparta del principio de progresividad, que la sociedad argentina logró alcanzar en materia de Derechos Humanos. Tratándose de delitos de lesa humanidad, resulta preocupante que se apele a la ultra actividad de una ley derogada hace más de dieciséis años para otorgar un beneficio de reducción de pena, siendo que tal tipo de delitos no admiten por ninguna vía esa solución, ya que tanto por la legislación nacional como por la internacional, se encuentra prohibida la aplicación de la prescripción, la amnistía, el indulto o mecanismos de computo de penas que lleven a su reducción. Es de esperar que la Corte Suprema, como Máximo Tribunal de la Republica no recurra en lo futuro a vías de interpretación como ésta, que generen fisuras en el bloque constitucional y de convencionalidad de protección de los Derechos Humanos.  Ni la actividad del Poder legislativo a través de leyes especiales o generales, ni la actividad del poder Ejecutivo a través de promulgar aquellas o indultos, ni interpretaciones del poder judicial, pueden llevar a la disminución de penas en delitos de lesa humanidad.